"ElDiario.es" - La exministra de Medio
Ambiente y miembro de la Asociación Parlamentaria de Defensa de los
Animales, Cristina Narbona, valora "positivamente" el hecho de que la actual reforma del
Código Penal contemple en esta materia un endurecimiento de las penas,
pero lamenta que todavía no se haya materializado "establecer una ley
básica de protección animal"
La manifestación que tuvo lugar hace unos días en Madrid contra el Toro
de la Vega y la posterior entrega de 85.000 firmas en el Congreso
pidiendo acabar con este cruel festejo, han señalado la creciente
sensibilización ciudadana que hay sobre el maltrato animal. Ambas
iniciativas fueron impulsadas por varios de los numerosos colectivos
animalistas que proliferan en España, que llevan luchando años para que
nuestros gobernantes tomen conciencia del problema. Sin embargo, hasta
la fecha no hay ninguna ley integral que a nivel nacional proteja el
derecho de los animales a tener una vida digna y que castigue con
suficiente dureza su maltrato. Los activistas reconocen los avances
sociales pero creen que en el terreno legislativo queda aún mucho camino
por recorrer.
Pese a todas las protestas, Vulcano murió cruelmente lanceado en
Tordesillas (Valladolid) – cuyo alcalde es del PSOE-, mientras en las
redes sociales se extendía la crítica contra de una de las muchas
fiestas que existen en España en las que los toros y otros animales son
objeto de la diversión. Silvia Barquero, vicepresidenta del Partido
Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma), promotores de las firmas
para la abolición del Toro de la Vega, no se desanima porque cree que
tarde o temprano conseguirán su abolición. “Hay algunas causas que, por
su crueldad, se defienden en sí mismas”, opina.
Este partido defensor de los animales y de su bienestar lleva más de
una década intentando tener representación en las instituciones. En las
últimas elecciones generales logró 102.144 votos para el Congreso y
374.483 para el Senado, todo un “hito histórico”, según sus militantes,
“sobre todo si tenemos en cuenta que superamos los que alcanzaron
algunos partidos que están ahora sentados en el Grupo Mixto”, dice
Barquero. En las próximas convocatorias volverán a intentarlo -europeas,
locales y autonómicas- con la vista puesta en las generales,
convencidos de que esta vez lograrán representación parlamentaria “para
poder ser la voz de los animales”.
La Pacma, como casi todos los colectivos que trabajan con este fin, no
recibe ayudas públicas ni subvenciones de ningún tipo. Se nutre de las
pequeñas cuotas de sus afiliados y de las aportaciones que realizan los
simpatizantes, que no pueden exceder de los 600 euros anuales, según la
ley de financiación de partidos.
En España existen cientos de asociaciones y grupos defensores de los
derechos de los animales, sin embargo, su número exacto es imposible de
conocer a través del Registro de Asociaciones del Ministerio del
Interior por sus diferentes naturalezas jurídicas, a pesar de que los
fines son muy similares. Y aún así, no dan abasto. “Aunque avanzamos,
aquí hay muy poca cultura sobre el respeto a los animales”, afirma
Marina, una de las muchas personas que presta voluntariado en
protectoras de animales.
Uno de los colectivos más activos es Igualdad Animal, una organización
de carácter internacional que trabaja en Alemania, India, Italia,
México, Reino Unido, Venezuela y también en España. Sus impactantes
campañas de denuncias sobre maltrato animal han dado la vuelta al mundo y
no dejan indiferente a nadie. Como las sobrecogedoras imágenes tomadas
en mercados y mataderos de perros y gatos en China que han logrado
movilizar miles de firmas ciudadanas para acabar con este inhumano
comercio, o las denuncias contra las granjas de engorde o de cría animal
para fabricar pieles. Algunas de sus acciones se han saldado con la
detención de varios activistas. “Están intentando criminalizarnos”,
lamenta su portavoz en España, Javier Moreno, en alusión a las
acusaciones que recibieron de ser los autores de una de las sueltas
masivas de visones.
Moreno cree que nuestros políticos - y los lobbies que los presionan-
"van a tener que estar más receptivos a estas denuncias. Saben que si no
lo hacen perderán cada vez más apoyo social". Sin embargo, aclara que
dentro de las aspiraciones de la organización no está presentarse a
unas elecciones.
Precisamente, el próximo miércoles se debatirá en la Comisión de Medio
Ambiente del Congreso una proposición no de ley presentada por la
Izquierda Plural encaminada a que desaparezcan en España los festejos
con animales, empezando por el Toro de la Vega. La iniciativa será
tumbada por la mayoría del PP que se niega a acabar con este tipo de
espectáculos amparándose en que son “tradiciones” de tipo “cultural”,
muy arraigadas en nuestro país. Pero al menos servirá para que los demás
partidos se retraten y se vuelva a debatir un asunto que escuece la
conciencia de muchos diputados, empezando por los del propio PSOE,
partido en el que conviven taurinos y antitaurinos casi a partes
iguales. Prueba de ello es que en Andalucía la nueva presidenta de la
Junta, Susana Díez, apoya que en su comunidad siga habiendo toros. O que
en julio de 2010 cuando en el Parlamento catalán se debatió la
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la que se pedía prohibir las
corridas de toros, el PSC tuvo que dar libertad de voto a sus diputados
que se decantaron mayoritariamente por la abstención o por el ‘no’. A
pesar de todo, se ganó la batalla y la prohibición entró en vigor el 1
de enero de 2012.
Los abolicionistas celebraron aquel éxito como algo realmente
‘histórico’, como explica Leonardo Anselmi, Director para España de la
Fundación Franz Weber (FFW), responsable legal de aquella iniciativa
popular catalana. A diferencia del resto, esta Fundación, con sede
matriz en Suiza, trabaja en otro campo, el de la asesoría estrategia y
marketing. “Asesoramos a las organizaciones ecologistas, ONGs y
asociaciones que luchan por la defensa de los derechos de los animales
sobre cómo llevar campañas efectivas”, explica Anselmo, que ve entre
nuestros políticos “una gran miopía” en esos asuntos. “Deberían tener
mucho más interés por influir durante la educación infantil sobre el
maltrato animal porque España no puede ser una isla en este mundo
global”.
Ahora el PP quiere blindar los toros para que no pase igual en otras
comunidades autónomas y se ha apresurado a dar luz verde en el Congreso
a una ILP respaldada por 590.000 firmas para declarar las corridas Bien
de Interés Cultural (BIC). Si como se espera sale adelante, Cataluña
tendría que dar marcha atrás de nuevo.
Lo cierto es que ni el PSOE ni el PP han estado, ni parecen estar,
dispuestos a aprobar una ley integral contra el maltrato animal ante el
temor a que ello abra la puerta a la posible prohibición de la Fiesta
Nacional, los toros, un negocio que mueve muchísimo dinero, recibe
sustanciosas subvenciones y que cuenta con millones de entusiastas y
seguidores. Tampoco UPyD ha dado muestras de querer avanzar es ese
terreno. Todo lo contrario. En sus filas de la formación magenta milita
el profesor Miguel Ángel Quintana, autor de un Manifiesto a favor del
Toro de la Vega -como cuenta en su artículo del diario.es Ruth Toledano-
y también el actor Tony Cantó, quien, no solo reconoció en una de sus
intervenciones parlamentarias que UPyD estaba a favor de que
continuaran las corridas de toros, sino que llegó a decir que “ni los
toros ni el resto de los animales tienen dos derechos fundamentales: el
de la libertad y el de la vida”, opinión que provocó una avalancha de
airadas criticas en Twitter.
Aunque las CCCAA tienen sus propios reglamentos, por el momento, solo
el Código Penal contempla el maltrato como delito. El artículo 337 dice:
“Los que maltrataren con ensañamiento e injustificadamente a animales
domésticos
causándoles la muerte o provocándoles lesiones que produzcan un grave
menoscabo físico serán castigados con la pena de prisión de tres meses a
un año e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio
de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales”. Y
se destaca lo de "animales domésticos" con lo que se excluye al toro de
lidia.
No obstante, y ante este 'triste' panorama, la exministra de Medio
Ambiente y miembro de la Asociación Parlamentaria de Defensa de los
Animales, Cristina Narbona, rompe una lanza a favor de la gestión que
ella hizo cuando gobernaba su partido. “Me siento especialmente
satisfecha de haber impulsado la norma por la que en 2006 se creo la
Fiscalía Especial para los delitos contra el urbanismo y el medio
ambiente ( donde se incluye el maltrato animal), ya que desde entonces
han aumentado las denuncias y las condenas”.
También valora "positivamente" el hecho de que la actual reforma del
Código Penal contemple en esta materia un endurecimiento de las penas,
pero lamenta que todavía no se haya materializado "el compromiso,
asumido en el programa electoral del PSOE de 2008 de establecer una ley
básica de protección animal, para la que sin embargo existe ya un
trabajo muy extenso, desarrollado por numerosos expertos que demuestra
ampliamente la oportunidad y la viabilidad de dicha ley, en términos
análogos a las de países de nuestro entorno", concluye Narbona.
La exministra aprovecha para criticar "el empeño" del actual Gobierno
del PP para que las corridas se consideren Bien de Interés Cultural: “es
una manifestación más de lo lejos que está Gobierno de la sensibilidad
de una gran mayoría de los ciudadanos”, opina.