El Caballo de Nietzsche / Carmen Moraga - Hace unos días, la periodista Rosa Montero publicaba una de sus excelentes columnas,
en la que recordaba el caso de Fina Fanjul, una abuela de Gijón, amante
y defensora de los animales, que el pasado mes de noviembre fue multada
con 300 euros por participar en Medinaceli (Soria), en una protesta
contra el Toro Jubilo. La ‘fiesta’ consiste en convertir las astas del toro en dos teas ardiendo para que la gente del pueblo se divierta viendo sufrir al animal.
La protesta de Medinaceli se saldó con otras muchas multas similares a
la de Fina, mientras por las calles del pueblo el toro corría
aterrorizado ante el regocijo de la gente. Pero eso en España es
considerado una “tradición”. Son muchos los que aseguran que el animal
“no sufre” porque previamente se le coloca barro en la cara para que la
cera, que lentamente se va derritiendo, no le cause daño en los ojos ni
en la piel. Sin embargo, como explica muy gráficamente nuestra compañera
Rosa Montero en su artículo, el animal padece tanto dolor que llega
incluso a intentar quitarse la vida golpeándose contra cualquier muro,
en su desesperación por zafarse del fuego.
“¿Soy la única persona a la que escandaliza que se
proteja a los torturadores y se persiga a la gente civilizada?”, se
pregunta Montero.
Por fortuna, no. No es la única.
Cada vez son más las personas que están alzando su voz contra estos
crueles festejos, aún a riesgo de ser sancionados con multas que ahora
pueden oscilar entre los 100 y los 600 euros, o, en el peor de los
casos, hasta con 1.000 o 1.500 euros.
La 'Ley Mordaza', una vuelta de tuerca más contra el activismo social
Eso, hasta ahora. Porque con la entrada en vigor de Ley de Seguridad Ciudadana,
aprobada el pasado mes de marzo gracias a la mayoría absoluta del PP, y
con el rechazo de toda la oposición, el Gobierno ha dado una vuelta de
tuerca más contra el activismo social. Protestar sin solicitar
previamente permiso para impedir que se lleven a cabo festejos en los
que se haga sufrir a un animal puede conllevar ahora multas
desorbitadas. Si hay “resistencia a la autoridad” o la Policía asegura
que los participantes en estas protestas se negaron a disolver la
concentración, la infracción podría ser considerada como "falta grave",
que conlleva una sanción de entre 601 a 30.000 euros. O "muy grave",
penalizada entre 30.001 a 600.000 euros.
Lo ratifica
Javier Moreno, cofundador de Igualdad Animal. “Acciones que hemos hecho
en Igualdad Animal, como saltar a la Pasarela Cibeles o saltar a plazas
de toros, actos siempre pacíficos, que sólo duran unos segundos en los
que desplegamos un cartel pidiendo respeto para los animales, con la
nueva Ley de Seguridad Ciudadana nos podrían suponer multas de 30.000 a
300.000 euros. Es surrealista que se apliquen estas medidas a quienes
defendemos pacíficamente a los animales, y que el maltrato animal que se
da en la tauromaquia o en los festejos populares no solo sea legal sino
que esté subvencionado con dinero público”.
Los
ecologistas son los que salen peor parados de la bautizada ya como 'Ley
Mordaza'. Un acto de protesta en una central nuclear que no cuente con
autorización -es decir, todas, porque no se autorizan- puede acarrear un
mínimo de 30.001 euros de sanción y hasta de 600.000 euros, ya que es
considerada “falta muy grave”.
Mientras nuestros
legisladores se aplican con ahínco en criminalizar a la ciudadanía por
protestar o manifestarse en la calle, maltratar o matar animales sigue
saliendo barato, por no decir gratis.
“Es un
escándalo social”, afirma a El caballo de Nietzsche Chesús Yuste,
exdiputado de las Chunta Aragonesista (CHA) y coordinador de la
Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales (APDDA). “Es
incomprensible que en una sociedad moderna el maltrato animal no sea
penalizado duramente, como ocurre en otros países de nuestro entorno,
mientras se castiga a los animalistas por oponerse a ese maltrato.
Encima tenemos que aguantar que se escuden en las tradiciones para
seguir actuando cruelmente contra los animales en las fiestas populares.
Está claro que la Ilustración no llegó a España”, declara Yuste.
El exdiputado lamenta que sea "raro que alguien entre en prisión por
maltrato animal”, una situación que contrapone con la firmeza que
demuestran los jueces a la hora de imputar un delito a los miembros de
los colectivos animalistas cuando protagonizan acciones de protesta. “A
ellos les cae todo el peso de la ley. Es disparatado. Son sentencias y
leyes fuera de la realidad del siglo XXI. Yo tengo la esperanza de que
estos festejos cruentos hayan desaparecido como mucho en un par de
décadas”.
Sin una ley integral contra el maltrato
Yuste, que es de los pocos diputados que han trabajado en ese sentido
en la Cámara baja, sabe bien el desinterés que ha habido por parte de
los sucesivos gobiernos por regular a nivel estatal la indefensión en la
que se encuentran los animales en España.
El pasado mes de noviembre de 2014, sin llegar más lejos, el pleno del Congreso tumbaba con los votos del PP la propuesta del PSOE de crear una ley integral contra el maltrato animal,
una iniciativa que impulsó Pedro Sánchez a raíz de la polémica
suscitada por la celebración otro año más del Toro de la Vega de
Tordesillas.
El origen de aquel debate venía
tristemente marcado por una anécdota: Sánchez había llamado días atrás
al programa ‘Sálvame’, de Telecinco, para prometer a su presentador,
Jorge Javier Vázquez, que plasmaría la propuesta en el Congreso. Las
aparentes buenas intenciones de Sánchez contrastan con el hecho de que
el alcalde Tordesillas, José Antonio González Poncela, que es de su
partido y firme defensor del cruel festejo, vuelva a ser el candidato en
las municipales, con el beneplácito de la dirección del PSOE.
Pese a todo, los colectivos que luchan contra el maltrato animal han celebrado que en la reciente reforma del Código Penal al menos se castigue por primera vez la zoofilia,
es decir, "la explotación sexual" contra los animales, con penas que
pueden oscilar entre los tres meses a un año de prisión. La reforma
también contempla sanciones de entre seis meses y dos años de cárcel
para el maltrato animal “en espectáculos no autorizados legalmente”,
como las peleas de gallos y perros.
Las corridas de toros intocables al ser "Patrimonio Cultural"
Pero los cambios se quedan ahí, sin contemplar como ilegales otros
espectáculos que causan infinito sufrimiento a los animales. Empezando
por nuestra ‘Fiesta Nacional’, declarada por el Congreso, con el apoyo del PP y del Gobierno de Rajoy, “Patrimonio Cultural Inmaterial".
La persecución ejercida contra los antitaurinos siempre ha sido brutal.
Uno de los casos más sangrantes, por la desproporción de las multas,
fue el que protagonizaron en mayo de 2008 seis activistas de Equanimal
por saltar al ruedo de la madrileña plaza de toros de Las Ventas. Pese a
que los jueces archivaron en un principio la causa, la Comunidad de
Madrid les multó con un total de 18.000 euros, 3.000 euros cada uno. Los
activistas recurrieron la desorbitada sanción ante el
contencioso-administrativo, mientras en un comunicado denunciaban que
con ello únicamente “pretenden frenar el trabajo de concienciación hacia
el respeto por los animales y cerrar los ojos a las demandas de la gran
mayoría de la sociedad, que desea que la tauromaquia pase a ser un
desagradable capítulo de la historia”.
Los juicios se
saldaron en 2012 con la ratificación de tres de estas sanciones, dos
rebajas de las multas a 300 euros y dos absoluciones. Alessandro Zara,
uno de los activistas imputados por aquellos hechos, lamenta que “en
España se siga tolerando las agresiones a los animales mientras se
imponen tremendas condenas a quienes los defienden”.
Prohibido acercarse a la plaza de toros para protestar
Lo que está claro es que en nuestro país -salvo en Cataluña, donde han
sido abolidas-, las corridas de toros siguen siendo sagradas y sus
detractores, perseguidos como si fueran criminales. De hecho, una reciente normativa de la Dirección General de la Policía,
a instancias de las asociaciones de profesionales taurinos, de
aficionados a los toros y del propio Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, establece que desde el 10 de abril quedan prohibidas las
manifestaciones antitaurinas cerca del lugar y a la hora de los
festejos.
Las autoridades advierten de que la nueva
regla es “de obligado cumplimiento”, “con el fin de evitar posibles
altercados que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana, así como
con el ánimo de garantizar el buen funcionamiento de los festejos”.
La primera muestra de que se actuará con total contundencia contra los
activistas que desafíen la nueva ordenanza quedó patente días después,
el 18 de abril, cuando la policía impidió que la protesta organizada por
el PACMA llegara hasta las puertas de la plaza de la Real Maestranza de
Sevilla.
Daniel Dorado, en representación del Centro
Legal para la Defensa de los Animales, cree que, en lo que se
refiere al maltrato, lo importante es "trabajar para concienciar a la
ciudadanía", y en eso está centrada su labor, al margen de la defensa
legal de los activistas que realiza su equipo. "En nuestro país no va a
haber un cambio hasta que la gente no entienda la situación de los
animales, su indefensión. Por eso consideramos muy importante nuestro
trabajo ", asegura.
Permitido cazar perros y gatos en Castilla-La Mancha
Capítulo aparte es el tema de la caza, en donde la situación ha llegado
a ser tan cruel y esperpéntica que hay Comunidades Autónomas en las que
incluso se ha abierto la veda contra los animales domésticos. El dato
es real aunque cueste trabajo creérselo.
En Castilla-La Mancha, el Consejo de Gobierno aprobó a finales de 2014 una nueva ley de caza por la que se permite matar perros y gatos “que estén sueltos en un terreno cinegético”.
Esta misma ley autoriza el cierre de caminos públicos mientras se
practica la caza en los cotos, con la posibilidad de aplicar multas de
entre 3.001 a 30.000 euros a aquellas personas “que molesten” a los
cazadores, ya sean ciclistas, simples excursionistas o recogedores de
setas, por considerarlo como una “falta muy grave”.
Que los disparos de los cazadores puedan herir o incluso causar la
muerte accidental a uno de estos ciudadanos no parece preocupar nada a
las autoridades castellano-manchegas.
Impedir la caza del zorro en Galicia tiene sus riesgos
Otro triste ejemplo es lo que ocurre en Galicia, donde los activistas
contra el maltrato animal son sistemáticamente multados por intentar
impedir el campeonato de España de caza del zorro, que se celebra cada
año en esta comunidad.
En junio de 2011, Eladio Ferreira, de la asociación Equanimal, fue juzgado por participar en el boicot a una batida de zorros
que se celebró en Portomarín. La Fiscalía le acusó de desobediencia y
de lesionar a un cazador y a un Guardia Civil. Pidió para Ferreira 1.260
euros de multa.
Otra de las activistas multadas,
Sara Lago, ha sido testigo de las agresiones que sufren los animalistas
por parte de los cazadores, a los que no les gusta nada ser grabados.
Mucho menos que se intente impedir pacíficamente esta actividad -mal
llamada "deporte"- portando pancartas en las que, por ejemplo, puede
leerse: 'Cazar es asesinar'. Durante una de estas acciones, Lagó relató a
la prensa local cómo los cazadores "nada más llegar, al vernos, se
ponen superviolentos". Y al sacar las cámaras "se abalanzan sobre
nosotros" con amenazas como "te meto un tiro" u "os parto la cara". Pero
la ley, como siempre, protege a los cazadores violentos y criminaliza a
los que protestan.