La asociación parlamentaria animalista no comparte los argumentos competenciales esgrimidos y reclama que la Ley de protección de la infancia responda a todas las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU
Desde la ‘Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales’ (APDDA), al igual que han hecho las asociaciones de defensa de la infancia, instamos a las Cortes Generales a que se atienda la instancia del Comité de los Derechos del Niño de la ONU sobre la necesidad de apartar a las y los menores de edad de la exposición a la violencia de la tauromaquia y, en concreto, instamos a los grupos parlamentarios que conforman la mayoría del Congreso de los Diputados a aprobar las enmiendas presentadas para prohibir el acceso y la participación de menores de 18 años en los espectáculos taurinos. No es admisible que la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, que se tramita precisamente para responder a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, ignore la recomendación relativa a la violencia de la tauromaquia.
APDDA lamenta que en las sesiones de Ponencia no se haya producido ningún acuerdo en este sentido, pero considera que aún quedan dos oportunidades durante la tramitación del Proyecto de Ley en el Congreso, tanto en la próxima sesión de la Comisión de Derechos Sociales y Agenda 2030 como en el Pleno posterior, que deberían ser aprovechadas por los grupos para aprobar las enmiendas presentadas por Unidas Podemos, BNG y Más País-Equo-Compromís o, al menos, para alcanzar un acuerdo transaccional que responda a la instancia del Comité internacional que vela por el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño.
En APDDA no compartimos el criterio de que la edad mínima para asistir a espectáculos taurinos sea una competencia exclusivamente autonómica, que parece ser el motivo por el que se han rechazado las citadas enmiendas. No estamos hablando de regular los espectáculos públicos; se trata de proteger a la infancia y la adolescencia, se trata de un asunto de derechos humanos, y ahí existen competencias que el Gobierno central y las Cortes Generales pueden y deben ejercer. Además, resulta paradójico que, tras tantos esfuerzos por parte de algunos para blindar la tauromaquia en la legislación estatal frente a intentos de regulación de algunas Comunidades Autónomas, ahora se amparen en competencias autonómicas para continuar protegiendo los intereses del lobby tauromáquico, pasando por encima incluso del interés superior del y la menor, de los Derechos Humanos y de la Convención de los Derechos del Niño. Desde nuestro punto de vista, esto no puede suceder en pleno siglo XXI y, aún más, habiendo una mayoría progresista en las Cortes Generales.
El Comité de los Derechos del Niño no solo pide que se impida la asistencia de menores de edad a las plazas de toros, sino también el ejercicio de la profesión taurina y la participación en escuelas taurinas por menores de 18 años. Ambas cuestiones son competencia estatal. APDDA recuerda que el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, regula la edad de acceso a una profesión, como sería el caso de la profesión taurina. Por tanto, prohibir que haya toreros profesionales menores de edad es competencia estatal. Asimismo, es el artículo 92.5 del Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos, el que establece los 14 años como edad para participar en las escuelas taurinas en lecciones prácticas con reses vivas; de igual manera que podría establecer los 18 años como edad mínima para participar en escuelas taurinas.
Por todo ello, consideramos que hay margen para legislar a nivel estatal. Es más, el Estado español debe hacerlo a requerimiento del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que en 2018 concluyó que España está incumpliendo la Convención de los Derechos del Niño, entre otras cuestiones, por permitir el acceso y la participación de menores de edad en espectáculos taurinos. Y en breve el Comité se dirigirá a España para interesarse por lo que se haya hecho para corregir esta situación. Esta ley de protección de la infancia que se está tramitando es la principal herramienta que nos hemos dado para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en la Convención. No podemos dejar pasar esta oportunidad.
APDDA