Chesús Yuste: "Hasta que en este país no hubo un
empresario contaminador que fue a la cárcel, la gente no se tomó en
serio el delito ecológico"
Icíar Ochoa de Olano - Decía Mahatma Gandhi que una nación bien puede ser juzgarda por la
vida que da a sus animales. En España, han tenido que pasar casi siete
décadas desde que los restos del padre espiritual de la independencia
india fueron cremados para que la crueldad que se ejerce a diario contra
perros, gatos, caballos, vacas, pájaros o gallinas, hasta provocarles
la muerte, deje por fin de ser impune, o bien, de zanjarse con una
simple multa o unos trabajos comunitarios. Ha llegado el día de las
bestias. Al menos, en el juzgado de lo Penal número 8 de Palma de
Mallorca. Allí, la brava magistrada titular, María Jesús Campos
Barciela, se ha propuesto por su cuenta civilizar a la comunidad bípeda
del país y ha decidido, por primera vez en la historia española, que
estos agresores dejen de irse de rositas y paguen sus respectivas
sentencias a la sombra de una celda.
Justo ahí es donde lleva ya más de una semana Eugenio Sánchez María,
41 años, repartidor de una empresa de bebidas y caballista. Un juez le
condenó a ocho meses de prisión por linchar a golpes a su caballo Sorky,
que resultó descalificado en una carrera de trote por saltar. A
diferencia de lo que ocurría hasta ahora, el magistrado responsable de
la parte ejecutoria del proceso –en este caso, Campos Barciela–, ha
decretado que cumpla su pena entre barrotes. Y lo ha hecho tras valorar
la «lenta agonía» que padeció el cuadrúpedo y que «la muerte a palos es,
en humanos y en animales, una de las más angustiosas». En su auto
concluye que el acusado «menospreció» la vida del caballo «solo porque
se enfadó por su mala carrera», que su «muerte atroz es una aberración
en el siglo XXI» y que «la indignación ciudadana mallorquina está
justifica y es legítima».
Sánchez María es el primer ciudadano español que cumple su pena en
prisión por maltratar a un animal. Pero no el único. La supermagistrada
de los animales acaba de dictaminar la misma suerte para un vecino de
Palma, condenado a un año de privación de libertad por matar de hambre a
su perro. El hombre tenía al can famélico y deshidratado, atado en el
patio de su casa con una cuerda tan corta que le impedía incluso
levantarse. Rescatado por la Policía, falleció a los pocos días pese a
recibir atención veterinaria. De nuevo, Campos Barciela se compadece de
la «agonía» que padeció la mascota y justifica su fallo por el
«antipedagógico mensaje» que, considera, se transmitiría «si el culpable
consigue ser condenado a una pena de escasa gravedad y, como es
frecuente en este delito, se suspende su cumplimiento».
Hasta ahora, esto era lo que ocurría en España habitualmente cuando
las condenas dictadas, al margen de su naturaleza, eran inferiores a dos
años. Y siempre y sin excepción en el caso de las penas relacionadas
con las agresiones a animales. Y es que el Código Penal aún se muestra
muy tibio ante estos comportamientos. Eso, pese a su reciente
endurecimiento, que se traduce, desde el pasado 1 de julio, en la
consideración del maltrato animal como delito –antes era una mera falta–
y en la ampliación de la pena máxima de doce a «solo» dieciocho meses.
«Sigue sin llegar a dos años», se lamenta Nuria Menéndez de Llano,
abogada especializada en Derecho Animal y directora del departamento
legal del Observatorio de Justicia y Defensa Animal, que aboga por
ampliarla a «al menos los tres años».
Aunque habrá que aguardar a nuevo abordaje del código para ello, la
letrada expresa abiertamente su satisfacción por las «valientes»
resoluciones judiciales de la magistrada mallorquina. «Como ha quedado
de manifiesto, los jueces tienen la potestad para que estos criminales
entren en prisión a cumplir las condenas. No necesariamente tienen que
ser fallos de más de equis meses. Se pueden valorar otras
circusntancias, como el grado de crueldad, de indignación social que
causa, la reincidencia, etcétera», enfatiza.
Zoofilia y sadismo
Pero, si resulta que el castigo ante estas agresiones dependía y
sigue dependiendo de la peticiones de condena que efectúen los fiscales y
de la decisión final de los jueces, ¿por qué los veredictos de cárcel
no han llegado antes? Manuel José Molina, el abogado que ejerció la
acusación particular en el ‘caso Corky’ y en el último del perro muerto
de hambre, ambos en nombre de la Asociación Balear de Abogados por los
Derechos de los Animales, Abada, de la que es vicepresidente, lo
atribuye a un cambio en la «sensibilidad de la sociedad. Por suerte,
estamos evolucionando. A menudo, los jueces van a remolque de los
cambios sociales y ellos también se empiezan a sensibilizar», expone.
En el mismo sentido se expresa el portavoz de la Asociación
Parlamentaria en Defensa de los Animales, la plataforma que ejerció de
lobby en la última reforma del Código Penal para que, entre otras
mejoras, se castigara la zoofilia. «Hasta que en este país no hubo un
empresario contaminador que fue a la cárcel, la gente no se tomó en
serio el delito ecológico. Pues, igulamente, hacía falta que un
maltratador de animales pisara la cárcel para que se tomara conciencia
de que este es un delito de verdad. La sensibilidad social ya está
suficientemente madura para decir basta a este tipo de crímenes y que se
erradiquen. La sociedad clama que se actúe con la máxima contundencia»,
asegura el portavoz de la agrupación, Chesús Yuste Cabello.
Esta indignación creciente está detrás del impresionante incremento
de las denuncias por maltrato de animales que llegan al Servicio de
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, Seprona. En solo un año
han superado las 14.000, nada menos que un 90% más que las que se
registaron en 2008, cuando empezaron a digitalizarse los casos.
«La sociedad ya no acepta que salgan gratis casos como el del
torturador de cachorros de Badajoz, un funcionario, padre de familia que
practicaba su sadismo en el sótano de su casa. O el del violador de
caballos multireincidente de El Ejido», afirma Menéndez de Llano desde
el Observatorio de Justicia y Defensa Animal, una entidad independiente
sin ánimo de lucro que clama por la reforma constitucional para que
reconozca la protección de los animales, como ocurre en Alemania, Suiza o
Austria, así como la del Código Cicil, donde un animal es equiparable a
un mero «objeto». «Solo así dejaremos de ser un país bárbaro»,
apostilla la letrada, que reclama para afrontar todos esos cambios un
«gran pacto político».
En el otro extremo de la cuerda, Estados Unidos se revela como el
país más avanzado en esta materia. No solo porque 150 de sus facultades
de Derecho incluyen como asignatura el Derecho Animal –en España
únicamente la Universidad Autónoma de Barcelona ofrece estos estudios y
como máster–, si no porque el FBI incluye estos crímenes en la lista de
delitos violentos. «Cada vez más estudios demuestran que esos agresores
raramente se conforman con hacer daño a animales», resalta la abogada.
De ahí que, este mismo mes, un juez de Nevada haya sentenciado a 28 años
de prisión a un veinteañeros por torturar y «desmembrar» a siete
perros.
Desde la Universidad de Santiago de Compostela, el profesor de
Filosofía y experto en ética animal, Óscar Horta, invita a la reflexión.
«A veces se dice que debe respetarse a los seres humanos porque son más
inteligentes que los demás animales, pero parece claro que sería
inaceptable discriminar a los humanos que por accidente o edad son menos
inteligentes. Por tanto, ¿está justificado seguir actuando hacia los
animales como hasta ahora? ¿Es semejante el ‘especismo’ o discriminación
de especies a otras como el sexismo o el racismo?