Contenidos de igualdad de
género, antirracismo, no discriminación, diversidad, empatía hacia los
animales, maltrato animal o emergencia climática no se han incorporado en los
decretos de desarrollo curricular de varias CCAA de diversos colores políticos,
contradiciendo aspectos obligatorios de la normativa estatal
El Ministerio de Educación, en
su respuesta, señala a la Alta Inspección y, en su caso, a los tribunales, lo
que para APDDA es intentar lavarse las manos cuando se ha reconocido que se
trata de una competencia del propio Ministerio
Los diputados Nahuel González y Toni Valero, miembros de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), a través de una pregunta parlamentaria dirigida al Ministerio de Educación, han denunciado las graves omisiones, de inclusión obligatoria, de las que adolecen varios de los Decretos de desarrollo curricular autonómicos respecto al contenido de los Reales Decretos de enseñanzas mínimas y respecto a la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modificaba la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). En los antecedentes de la pregunta, se recoge un completo análisis de los decretos autonómicos elaborado por la entidad Profesionales para la Defensa Animal (PRODA-Educación).
«Se ha
evidenciado la ausencia de relevantes conceptos/contenidos, como igualdad de
género, perspectiva de género y conductas sexistas, así como principios de
educación en valores (respeto, igualdad, responsabilidad y desarrollo
sostenible). El enfoque de la prevención de conflictos y la resolución pacífica
de los mismos con la finalidad de ayudar al alumnado a reconocer toda forma de
maltrato, abuso sexual, violencia o discriminación, se consagran en la LOMLOE
integrando la Educación en Empatía en todas las etapas educativas (infantil,
primaria, secundaria y bachillerato), y abordándola como principio pedagógico y
como una de las competencias clave en la educación emocional y el desarrollo
integral del alumnado», argumenta la iniciativa de los diputados.
En varias CCAA, especialmente
las gobernadas por el Partido Popular y Vox, se omiten en los currículos los
siguientes conceptos y contenidos: por un lado, lo relacionado con la igualdad
de género, discriminación por cuestiones de género/raza, perspectiva de género
y conductas sexistas, estereotipos sexistas, conductas no sexistas, feminismo,
conductas LGTBIfóbicas o sexistas, situaciones discriminatorias de las niñas y
de las mujeres en el mundo, prevención de la explotación y la violencia contra niñas
y mujeres, perspectiva de género de la práctica físico-deportiva, actitudes
xenófobas, racistas o de índole sexista, abuso sexual o cualquier forma de
violencia, respeto por la diversidad etnocultural y afectivo sexual… Por otro
lado, también se han omitido contenidos que desarrollan conceptos tan
importantes como los de One Health, derechos de los animales, animales como
seres sintientes, maltrato animal y su prevención, cuidado del entorno próximo
de los animales y plantas… E incluso sobre emergencia climática y crisis
climática.
Puesto que la
Educación es un Derecho Fundamental recogido en el artículo 27 de la
Constitución, y que está siendo vulnerado el Interés superior de las niñas,
niños y adolescentes que debe presidir la actuación de todos los poderes del
Estado, y dado que no tenemos constancia de requerimiento alguno por parte de
la Alta Inspección Educativa para intentar solventar las supresiones
autonómicas contrarias a los principios proclamados por la LOMLOE, se ha
registrado la siguiente pregunta: «¿Qué medidas ha tomado o tiene previsto
tomar el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte en relación
con las graves omisiones, de inclusión obligatoria, de las que adolecen varios
de los Decretos de desarrollo curricular autonómicos respecto al contenido de
los Reales Decretos de enseñanzas mínimas y respecto a la Ley Orgánica 3/2020
de 29 de diciembre, por la que se modificaba la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación?»
Los diputados
miembros de APDDA destacan que los contenidos de los currículos de las
diferentes etapas educativas que elabora el Ministerio de Educación, Formación
Profesional y Deportes se plasman en Reales Decretos de mínimos, mientras que
los currículos de las CCAA se plasman en Órdenes o Decretos que por jerarquía
normativa no pueden modificar ni suprimir parte alguna de un Real Decreto, es
decir, lo tienen que aplicar tal cual fue escrito. Las CCAA han vulnerado este
principio y han eliminado gran parte de los Reales Decretos de mínimos
elaborados por el Ministerio de Educación, que, sin embargo, no ha hecho nada
ante esta flagrante ilegalidad administrativa tan sumamente grave. Además, no
puede ignorarse que los Reales Decretos de mínimos que elabora el Ministerio
sirven para igualar el sistema educativo en todo el Estado español, por lo que,
al suprimir algunas CCAA de sus currículos educativos parte de esos mínimos, generan
una desigualdad educativa que van a sufrir nuestras niñas, niños y jóvenes.
El pasado 17 de
febrero, la respuesta del Gobierno fue la siguiente: «En relación con el asunto
interesado, se señala que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y
Deportes, a través de la Alta Inspección, analiza y supervisa el desarrollo
legislativo que de la normativa básica en materia educativa realizan las
Comunidades Autónomas. Una vez que una medida se plasma en un texto normativo
de la Administración educativa autonómica, en caso de constancia de
incumplimiento de dicha normativa básica, se pondría en funcionamiento el
mecanismo de control legalmente establecido. Este mecanismo consiste en, si es
el caso, requerimiento y solicitud de interposición de recurso
contencioso-administrativo, todo ello sin perjuicio de otros mecanismos de
colaboración y coordinación que pudieran establecerse. El presunto
incumplimiento será advertido por la Alta Inspección de Educación, ya que son
los Tribunales de Justicia los únicos competentes para determinar dicho
incumplimiento.»
Desde APDDA se
recuerda que la Alta Inspección depende del Ministerio de Educación. Por tanto,
en esta respuesta el Ministerio se señala a sí mismo. El Ministerio no puede
lavarse las manos y emplazar a acudir a los tribunales, cuando él mismo reconoce
que es función de su Subdirección General de la Inspección de Educación que
hechos como los denunciados no sucedan.