El Ejecutivo se escuda en
que las Administraciones autonómicas “no tienen obligación de remitir esos
datos a la Administración General del Estado”, pero tiene información detallada
sobre los daños del lobo a la ganadería extensiva.
Ante el actual y controvertido debate social sobre la
protección del lobo ibérico y la solicitud de las organizaciones
medioambientalistas y animalistas de defender esta especie, el Gobierno ha
confesado, en respuesta escrita al senador Carles Mulet de la ‘Asociación
Parlamentaria en Defensa de los Animales (APDDA),
que no dispone de información sobre el número de lobos muertos por la acción
humana, escudándose en que las Administraciones autonómicas son las autoridades
competentes en la gestión del lobo, y “no tienen obligación de remitir esos
datos a la Administración General del Estado”. Mulet denunciaba, en el texto
remitido, una “nueva y macabra imagen de un lobo colgado de unas de las barras
de señalización, en la subida al Puerto de San Lorenzo” (Asturias).
Para APDDA, la respuesta confirma el abandono del
Gobierno de la perspectiva medioambiental de esta problemática, dado que éste sí
parece disponer de datos pormenorizados sobre el lobo ibérico, desde el punto
de vista de los afectados por los ataques a la ganadería. En 2012, en respuesta
escrita a la exdiputada de APDDA, Laia Ortiz, el mismo Ejecutivo explicaba
que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) “lleva
a cabo la coordinación de las Comunidades Autónomas en términos generales y particularmente
en el seno del ‘Grupo
de Trabajo del Lobo’, grupo técnico dependiente del Comité de Flora y
Fauna”,
para “desarrollar actuaciones de prevención de daños de lobo en la
ganadería
extensiva” y para la creación de “censos nacionales” de manadas. En
referencia
al primer objetivo, los datos disponibles son detallados, a fin de dotar
económicamente los daños generados por el lobo - 261.565€ hasta 2014, se
indicaba -. Sin embargo, el MAGRAMA parece que nunca ha considerado
relevante
solicitar datos en el ‘Grupo de Trabajo del Lobo’, respecto a las
muertes
violentas de lobos por la acción humana, - denunciadas por entidades
ambientalistas y medios de comunicación -, a fin de ampliar su
información
sobre censos para la preservación de la especie - su segundo objetivo -.
Para esta asociación, es
preocupante que el Gobierno no se interese en solicitar estos datos a
las
Autonomías, para poder tener una perspectiva y, por tanto, una opinión
propia,
sobre las necesidades de protección del lobo ibérico. Ello es
contradictorio
con lo que el MAGRAMA indica en
su propia web, cuando asegura que “El lobo es una especie señera de nuestra
fauna silvestre y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
considera una prioridad su conservación”.
La respuesta aparece justo cuando APDDA ha celebrado
el acto ‘La
protección del lobo en España’, en el Congreso de los Diputados, el
pasado
26 de abril. En dicho encuentro, Luís Miguel Domínguez, divulgador
ambiental y
presidente de ‘Lobo Marley’, Fernando Palacios, investigador del CSIC y
especialista en las poblaciones de lobos, y Juantxo López de Uralde,
diputado ambientalista de APDDA, expusieron la grave situación de esa
especie, en
la actualidad.
APDDA