El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado un proyecto de Ley de Caza y Pesca Fluvial que ha sido remitido a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria, con previsión de entrar en vigor a lo largo de 2026. Este texto, que vendrá a sustituir a la ley franquista de 1970, entrega más del 70 % del territorio de la Comunidad de Madrid a los cazadores que apenas representan el 0,63 % de la población madrileña.
La nueva ley presenta la caza como
una herramienta de gestión medioambiental y de sostenibilidad del territorio.
Rechazan esta premisa. La caza es una actividad recreativa que encuentra su
disfrute en la muerte de animales, y no puede ser equiparada a medidas de conservación destinadas a proteger los
ecosistemas y la biodiversidad.
Se denuncian, en concreto, los
siguientes aspectos del texto:
-La ampliación del listado de
especies cazables de 24 a 31, incorporando aves vinculadas a humedales, como
gansos, ánades o agachadizas, cuyas poblaciones se encuentran en declive tanto
en la Península Ibérica como en la propia Comunidad de Madrid.
-La superposición de las temporadas
de caza mayor y menor, combinada con las autorizaciones por daños y las
excepcionales, permite cazar de forma ininterrumpida durante todo el año,
suprimiendo cualquier periodo efectivo para la recuperación de las poblaciones.
-La recuperación de modalidades de
caza prohibidas hasta ahora por su crueldad, como la caza de paloma con cimbel
y la perdiz con reclamo, que emplean animales vivos como señuelo.
-La autorización del uso de drones,
dispositivos térmicos y de visión nocturna para localizar animales, tecnología
que elimina prácticamente cualquier posibilidad de escape para la fauna.
-El uso masivo de perros de rehalas.
En una montería podrán concentrarse entre 200 y 500 perros de distintas
rehalas, en condiciones que generan estrés, lesiones y abandono, agravado por
la exclusión de estos animales del ámbito de protección de la Ley de Protección
de los Animales de Compañía.
-La prohibición de acceso de la
ciudadanía a caminos públicos y márgenes de ríos durante las jornadas de caza,
limitando el disfrute del territorio por el conjunto de la población.
-La caza en todo el territorio
madrileño, incluidas zonas urbanas y áreas de seguridad, bajo la excusa del
control de poblaciones.
-La penalización del acceso de
personas no cazadoras a zonas de caza bajo la justificación de «dificultar el
legítimo aprovechamiento cinegético», restricción que contraria al derecho de
reunión y a la libertad de movimiento.
-La delegación de la supervisión y planificación cinegética en los propios titulares de los cotos, sin mecanismos de auditoría científica externa ni de control público efectivo.
Por ello, exigen al Gobierno de la
Comunidad de Madrid y a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid:
-La paralización del proyecto de ley
en su forma actual y la apertura de un proceso de consulta pública real, con
participación de la sociedad civil, organizaciones científicas y entidades de
protección ambiental.
-La retirada de todos los artículos
que supongan un retroceso en materia de bienestar animal, incluyendo la
recuperación de modalidades de caza crueles y la exclusión de los perros de
caza de la normativa de protección animal.
-El establecimiento de mecanismos
independientes de control y auditoría científica que garanticen que la gestión
de la fauna se base en datos verificables y no en los intereses del sector
cinegético.
-La garantía del acceso libre y
seguro de toda la ciudadanía al territorio público, sin restricciones por razón
de la actividad cinegética.
-La reducción, y no la ampliación, del listado de especies cazables, en coherencia con el estado de conservación de las poblaciones silvestres y con los compromisos europeos en materia de biodiversidad.
Estas son las claves del Manifiesto
que dirigen a toda la ciudadanía de la Comunidad de Madrid. No hablan solo a
quienes comparten esta posición sobre la caza. Hablan a senderistas y ciclistas
que recorren los montes de la región, a familias que disfrutan del campo los
fines de semana, a amantes de la naturaleza, a vecinos de municipios rurales, a
personas que simplemente valoran la biodiversidad como patrimonio común.
Esta ley no es un asunto sectorial.
Es una decisión sobre cómo se gestiona, para quién y en beneficio de qué, el
territorio que compartimos todos.